Chile: La privatización de la odontología

El anuncio del 21 de mayo del ingreso a Fonasa Libre Elección de la Odontología para adolescentes en prestaciones de endodoncia y obturaciones dentales, es probablemente uno de los más grandes ofertones en salud oral del último tiempo. Por estos días se masificó la información por las redes sociales debido a su puesta en marcha, pero el tema ha concitado el interés del gremio dental desde su mención.




Fue uno de los anuncios del Presidente Sebastián Piñera durante su último discurso. Al respecto, el director nacional de FONASA señaló en un medio de comunicación que “la parte dental ha sido una de las grandes deficiencias de nuestro plan de salud. Este puede ser el paso para el inicio de mayores coberturas a futuro. Posteriormente trabajaremos llevando a otros grupos y otras prestaciones la cobertura dental”. Se comenzará con cobertura con dos tratamientos; las obturaciones (las llamadas tapaduras) y endodoncia (los tratamientos de conducto), los cuales se impartirán como un PAD (Pago Asociado a Diagnóstico). Las personas podrán atenderse bajo esta modalidad accediendo a un grupo de prestadores (odontólogos, centros y clínicas) mediante un sistema de copago (bonificación del 40 % por parte del estado en grupos B, C y D del Fonasa). Desde Fonasa estiman que son 600 mil las personas que podrán acceder a este sistema, con un costo de $ 22.000.000.000.

Este tema, al igual que muchos otros que este gobierno nos está legando, evidencia la lógica generadora para entregar a manos de privados lo que hoy somos capaces de resolver desde la institucionalidad pública.

La Salud oral es la caja negra de la salud chilena, pues a pesar de los avances en temas de equidad en salud en nuestro país, la deuda que tenemos en odontología es gigantesca. Sin embargo, la referida estrategia está lejos de ser una solución al problema. Hoy en Chile existe la capacidad de recurso humano, el valor histórico más caro de la Odontología, para trabajar hacia la universalidad de odontología pública. Especialmente considerando el número de odontólogos generales con el ímpetu de trabajar en servicios públicos, que resolverían en gran parte las problemáticas más prevalentes. Esta inversión que puede significar un avance más lento y más costosa a corto plazo, a largo plazo es la medida más costo- efectiva.

La investigación y experiencia internacional señala la importancia de considerar la salud oral como un problema de salud pública relevante y que debe ser abordado con miras a la equidad. Es difícil comprender cómo el gremio de odontólogos ha permitido esta situación, sabiendo que no se justifica. Estamos entregando recursos de todos los chilenos, y aún más, solicitando un copago (60 %) que muchas familias chilenas no son capaces de costear. Y a cambio, recibiremos un servicio que podría ser implementado en los establecimientos primarios de salud en Chile. Probablemente, no se podría realizar esto en dos meses, pero sí en forma paulatina con una base sólida que permita obtener realmente cambios en los indicadores de salud dental.

Con esta estrategia Chile se aleja nuevamente del sueño de ver acceso universal y gratuito a la odontología para su población, y nos acercamos a la privatización de la salud dental y la subvención del Estado a esta modalidad, con un copago que deja nuevamente fuera a un número importante de personas. Cabe preguntarse a quiénes beneficiará mayormente esta estrategia. ¿Estamos presenciando una vez más efectos del lobby profesional? Es necesario que los odontólogos asumamos críticamente la realidad de nuestro aporte al país.



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